La Gobernadora de Curicó Cristina Bravo Castro, encabezó la constitución de la mesa provincial de pesca, entidad que tiene por objetivo aunar criterios y resolver conflictos propios del sector, los cuales en algunos casos, son distintos a los que poseen los pescadores de otras zonas de la Región del Maule.
A la reunión realizada en la localidad de Llico, asistieron además, la Secretaria Regional Ministerial de Economía María Elena Villagrán, SEREMI de obras Públicas Robinson Flores, el presidente de la federación de pescadores Patricio Gutierrez, directivos de SERNAPESCA y pescadores de distintos sectores costeros de la provincia.
Al respecto la Gobernadora señaló que estuvieron “recabando las ideas que tienen los pescadores para mitigar los periodos en que no pueden ingresar al mar porque la cuota se les ha acabado. En este sentido la SEREMI de economía se comprometió a estudiar e informar fuentes de financiamiento para que postulen las distintas federaciones y estuvimos viendo la extracción de otros moluscos en los que podrían trabajar mientras no tengan cuota para la merluza”.
Respecto de la redistribución de cuota que se realizará a nivel nacional, con la cuota que no fue utilizada en otras regiones, la personera de Gobierno informó que el miércoles de la próxima semana, se dará a conocer.
“Además hemos solicitado, a petición de los pescadores, que se estudie la situación de tres embarcaciones que fueron vendidas a la octava región y que sin embargo siguen descontando cuota en la Región del Maule.
 
BONO
 Respecto del bono que ofreció la Presidenta de la República Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo para los pescadores artesanales, la Gobernadora informó que comenzará a ser cancelado en el mes de agosto.
“Además los que no resultan beneficiados, también tienen un plazo para apelar, presentando todos los antecedentes, ya que el objetivo es beneficiar a la mayor cantidad posible de pescadores con sus tripulantes”, dijo.
 La próxima reunión que sostendrá esta mesa, será el día cinco de agosto, fecha que se estableció como plazo para dar respuesta a diversas acciones que deberán realizar las autoridades.